En el Putumayo, la guerra no terminó. Sus consecuencias siguen marcando la vida de niñas y niños que crecen entre el miedo, la ausencia y el abandono institucional.

Editado por: Juliana Sofía Guevara Borbón

Reportaje realizado para la clase de Taller de Géneros Periodísticos, (Cuarto semestre – 2025 Il), bajo la supervisión del profesor Fernando Adrián Cárdenas Hernández.

En las subregiones del bajo Putumayo, como Puerto Asís, Villagarzón y Puerto Leguízamo, la quinta parte de los niños que habitan allí, han sido víctimas del conflicto armado. Mientras ellos enfrentan el abandono y el silencio, el Estado sigue sin dar respuestas claras a una tragedia que crece lejos de la mirada pública.  

Bajo el cerezo de flor de rosa y denso aire que se respira en el aura, Bella observa la arena que arrastra el río Putumayo, y siente, por un instante, como el agua abraza el calvario para llevárselo. Cada gota de sudor y suspiro guardan la resistencia que nadie presiente. Las piedritas que construyen el camino para ir a la playa reflejan la historia jamás contada. Sus manos conocen el esfuerzo que implica arrear ganado y cosechar el cacao para brindar a su hijo esperanza y no venganza. Día tras día y noche tras noche, encuentra refugio en el lugar en el que a sangre fría apagaron la ilusión de lo que ella conocía como familia.  

Según datos del Ministerio de Salud y Protección Social, en el departamento del Putumayo, uno de los más golpeados por la violencia guerrillera, casi 100 mil personas han sido registradas como víctimas, lo que equivale al 1,8% del total nacional; y el 35% de esta población del departamento, son menores de edad. Detrás de estas cifras se esconden historias de niños que han perdido a sus padres a manos de grupos armados ilegales; que han sido desplazados de sus territorios o que han crecido en medio de un conflicto que no entienden, pero que ha marcado su destino. 

La profesora Alejandra Pérez, licenciada en Ciencias Sociales y candidata a magíster en Estudios Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, resalta con preocupación que la tragedia de los niños víctimas del conflicto en el Putumayo no solo se mide en cifras, sino en vidas fragmentadas. “Cuando un padre, una madre o el cuidador principal es asesinado, la vida del niño cambia radicalmente. Pierde no solo a su familia, sino también la seguridad, el alimento, la compañía y la protección”, explica. Esta problemática no es excepcional, sino frecuente en la región, en la que las disidencias armadas, bandas criminales y estructuras ilegales siguen imponiendo control social a través del miedo, el reclutamiento y los homicidios selectivos. 

Pérez agrega que, aunque el Estado colombiano afirma tener rutas de atención como la línea 141 del ICBF o ayudas humanitarias a través de la Unidad para las Víctimas, estas respuestas suelen llegar tarde, incompletas o simplemente no llegan a los territorios más olvidados. Esta realidad evidencia que, más allá del dolor inmediato, los niños huérfanos del Putumayo cargan con un abandono estructural que multiplica sus heridas y condiciona sus futuros. 

Bajo estas condiciones, Bella Eliceth Gómez, desde la parte baja de Puerto Asís, relata la historia de su hijo Danilo, de cuatro años, a quien el conflicto armado le arrebató a su padre cuando tenía apenas 20 días de nacido. En su historia, también relata lo que implica vivir en el campo ejerciendo un trabajo digno para que el niño tenga un mejor futuro. Sin embargo, el hecho de la falta de recursos económicos y la ausencia de su familia le hacen imposible huir de las tierras que su esposo tenía a su nombre. Lo que hace que viva con un latente miedo de que los grupos armados (FARC y Comandos de la Frontera) descubran su intento de escapar y recluten o asesinen a su hijo. “Aquí nadie vive tranquilo, todos estamos alerta, y uno con un niño pequeño, pues da más miedo”, dice Gómez.   

La vida de Bella y Danilo está marcada por la violencia normalizada en las tierras del Putumayo, luchando por sobrevivir, más no por encontrar justicia por el asesinato de su ser querido, y lo más frustrante, sin obtener ninguna ayuda o protección por parte del gobierno colombiano. “No he recibido ninguna ayuda del Gobierno. Vivo en el campo, trabajo día a día para sostener a mi hijo”, relata Gómez, con la voz firme de quien ha aprendido a sobrevivir sin esperar nada.  

La violencia no solo dejó a su hijo sin un padre, sino también sin identidad legal al no lograr que su hijo obtuviera el apellido paterno, puesto que una persona fallecida no puede reconocer a ningún recién nacido. En este tipo de casos, las instituciones exigen la realización de una prueba de ADN para registrar legalmente al menor con los apellidos del padre. Sin embargo, el costo del procedimiento debe ser asumido por la familia, y hasta ahora, no han contado con los recursos económicos necesarios para cubrir este gasto.  

Sobre esta realidad, el comunicador social Hermielson Fajardo Vásquez, quien vive y trabaja como reportero en Puerto Asís, ofrece una mirada que profundiza como el conflicto rompe las relaciones familiares. “El conflicto armado ha dejado mucha tristeza y dolor en cientos de familias… Muchos padres han sido asesinados, generando desarraigo en muchos niños y jóvenes”, afirma. Para Fajardo, las consecuencias no son sólo emocionales o legales, como en el caso de Gómez, sino estructurales. Niños que crecen en condiciones de orfandad, pobreza extrema y falta de oportunidades, a menudo terminan en manos de los mismos grupos armados que asesinaron a sus familiares por falta de la acción del gobierno en las zonas rojas del Putumayo.  

Aunque el Estado ha implementado campañas de sensibilización y programas para mitigar el reclutamiento infantil, la realidad del territorio contradice las buenas intenciones. La Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas en al menos 21 municipios del Putumayo por amenazas contra niños en riesgo de ser reclutados. Sin embargo, la persistencia del conflicto, el resurgimiento de disidencias y el frágil control institucional han dejado a los menores en una situación de extrema vulnerabilidad. 

La realidad que enfrentan los niños del Putumayo es un reflejo doloroso del abandono estructural y la violencia que persiste en las regiones más vulnerables del país. Mientras el conflicto armado continúa dejando heridas profundas, es urgente que el Estado responda con acciones concretas que garanticen protección, justicia y oportunidades reales para quienes han sido afectados por el conflicto. Solo así será posible romper el ciclo de desarraigo que amenaza el futuro de miles de niños, y construir una paz que no se quede en palabras.