Este reportaje deja en evidencia la violencia obstétrica en Colombia, que pretende ser sancionada con la nueva ley 2244 a favor del parto humanizado.

Reportaje escrito realizado para la clase de Taller de Géneros Periodísticos (cuarto semestre, 2023-1), con la profesora Laila Abu Shihab. 

Punto tras punto, Adriana podía sentir cómo una aguja suturaba su vulva. Tras un pinchazo de anestesia ineficaz y una absoluta desnudez en medio de la madrugada, asumió su parto como sinónimo de sufrimiento. No dejaba de temblar, se sentía sola y vulnerable. Acababa de dar a luz ante un personal médico que nunca mostró compasión. A lo lejos escuchaba el llanto de su hija, había nacido sana. Eso parecía lo único importante. 

A las once de la mañana, a Adriana Carvajal le dieron salida. Como pudo, se vistió sola y fue a casa con su pequeña. Ese 17 de julio de 2003 había llegado a la Clínica El Bosque a las doce y media de la madrugada, fue atendida casi de inmediato. Le retiraron toda su ropa pese al frío que hacía, la obligaron a permanecer así por horas sin ofrecerle una sábana para cubrir algo de su cuerpo. No le permitieron ir al baño y tuvo que orinarse encima. Cuando nació su hija solo pudo verla, sin tocarla. Y luego de una dolorosa sutura sin anestesia, debido a que había sufrido de un desgarro de su vulva, la enfermera regó agua helada entre sus piernas. 

Jamás había escuchado sobre la violencia obstétrica, pero desde su inocencia tenía claro que su parto no había sido respetuoso. Presentó una queja por medio de la línea telefónica de su EPS que nunca fue respondida. Nadie se interesó por lo que le había pasado y ella no contaba con los recursos ni con la asesoría suficiente para insistir en su reclamación. No volvió a hablar del tema con nadie que no fuera de su familia, hasta hoy, casi 20 años más tarde.  — Uno resulta renunciando a sus derechos, sin darse cuenta— dice Adriana.  

La UNESCO, en su Revista Redbioética, define la violencia obstétrica como «el tipo de violencia ejercida por el profesional de salud, sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres. Esta clase de violencia se expresa mayoritariamente -aunque no con exclusividad- en el trato deshumanizado hacia la mujer embarazada (…) y en múltiples manifestaciones que resultan amenazantes en el contexto de la atención de la salud sexual, embarazo, parto y postparto». 

En Colombia, las cifras de violencia obstétrica no son documentadas por ninguna institución pública, por lo que aún no existe un reconocimiento oficial de los casos. Sin embargo, durante el 2020, Matria Guardianas del Parto, un colectivo de parteras de América, llevó a cabo una encuesta sobre violencia obstétrica en América Latina. La encuesta fue respondida por más de cinco mil mujeres de veinte países, entre ellas 411 mujeres en Colombia. Este estudio evidenció que 6 de cada 10 mujeres se sintieron incomodas, ofendidas o humilladas durante una consulta ginecológica, mientras que el 47.7% de las mujeres señalaron que la experiencia de atención en el parto las hizo sentir vulnerables y un 38% experimentó amenazas o insultos por parte del personal sanitario. 

Adriana reconoce que su caso no fue aislado. Su hermana y su mamá tuvieron partos igual o peor de tortuosos. La primera de ellas duró más de ocho horas en trabajo de parto y los médicos la ignoraron la mayor parte del tiempo. La segunda, fue golpeada por las enfermeras mientras daba a luz. Se desmayó múltiples veces porque su cuerpo no soportaba tal magnitud de dolor y cuando al fin logró expulsar a su bebé, enfermó gravemente y casi muere durante el posparto. Ninguna de ellas presentó denuncia alguna. 

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Colombia es uno de los países de América Latina que no incluye el delito de violencia obstétrica dentro de su código penal. Argentina, Venezuela y México son pioneros en el reconocimiento de este tipo de violencia de género, allí es penalizado y sancionado de manera clara. Sin embargo, en Colombia solo hace siete meses, el 11 de julio de 2022, fue sancionada la Ley 2244, más conocida como la Ley de parto digno, respetado y humanizado, impulsada por tres representantes a la Cámara.  

—Si no mejoramos la salud de las mujeres, ¿a qué jugamos? Humanizar el parto es lo mínimo que podemos hacer para terminar posteriormente en un modelo de atención humanizada —dice Jairo Cristancho, exrepresentante a la Cámara por el partido Centro Democrático y uno de los autores de la ley.  

Cristancho se interesó por el parto humanizado en 2019, cuando presentó, como único autor, un proyecto de ley de parto respetado que fue archivado por tránsito de legislatura en el Senado; solo llegó a primer debate. Sin embargo, Cristancho continúo luchando por esta causa y en 2020 se unió con Teresa De Jesús Enríquez, del Partido de la U, y María Cristina Soto, del Partido Conservador, para presentar el proyecto de ley que finalmente fue aprobado por el Congreso.  

Previo a esta ley, ya se habían realizado más de tres intentos que le ponían la lupa a la violencia obstétrica en el país, ninguno de ellos había prosperado. En 2010, la senadora Clara Rojas presentó un proyecto de ley que pretendía garantizar los derechos de las mujeres durante el parto. Aunque este ni siquiera llegó a primer debate, la abogada estuvo motivada por razones de peso: su propia historia. En 2002 fue secuestrada por las FARC y tuvo a su hijo en medio del cautiverio, lo que ocasionó en su bebé una lesión en el brazo y, debido a las condiciones precarias, le hizo contraer leishmaniasis, una infección causada por un mosquito. La separaron de su hijo cuando tenía ocho meses y solo pudo reencontrarse con él seis años más tarde, cuando fue liberada.  

Así mismo, en 2018 la senadora Nadia Blel, del Partido Conservador, presentó su proyecto de ley “Por medio del cual se dictan medidas para prevenir y sancionar la violencia obstétrica”, y aunque a diferencia del anterior, este llegó a segundo debate, tampoco logró ser sancionado. De hecho, fue duramente criticado por la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia (FECOLSOG), que en junio de ese mismo año se pronunció al respecto: «Criminalizar la atención médica no tiene fundamento y de poco o nada va a servir para mejorar de manera real la problemática (…) FECOLSOG ha realizado varios comunicados oficiales donde manifiesta su profundo y categórico rechazo a este proyecto de ley, por razones de inconstitucionalidad y profunda afectación del gremio». 

Jairo Cristancho conoce de cerca la situación de las madres. Además de ser representante a la Cámara, es médico cirujano con especialización en ginecología y obstetricia. Ejerció por más de quince años en un hospital de Yopal, Casanare, y reconoce que existen falencias en el sistema de salud colombiano. Cuando se enteró de los antecedentes de estos proyectos de ley asumió como un reto legislar en contra de la violencia obstétrica, para que las mujeres nunca más tengan tal nivel de sufrimiento en medio de la vulnerabilidad de parir.  

Junto a sus colegas, emprendió un diálogo desde todas las aristas del problema: víctimas, asociaciones y gremios médicos, e incluso con parteras de diferentes ciudades del país. Tenía claro que solo gracias a la concertación el proyecto no se hundiría. Redactaron todo un protocolo de atención que incluye los derechos de las mujeres, las obligaciones del Estado y los deberes del personal de salud.  

El proyecto fue radicado en marzo de 2020 y solo logró ser sancionado hasta dos años más tarde, en 2022, luego de cuatro debates: dos en el Senado, uno al interior de la Comisión VII de la Cámara de Representantes, en el que obtuvo 11 votos, y una votación final unánime, el 1 de junio de 2022, ante toda la Cámara de Representantes.  Pese a que esta ley reconoce los derechos de las mujeres y de los recién nacidos, además de sancionar, de ser necesario, a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y a los médicos que incurren en estas prácticas, dentro de las líneas del documento nunca se menciona la expresión violencia obstétrica. De hecho, algunas asociaciones médicas, hoy en día, aún consideran impreciso el término. Según Ivonne Díaz, presidenta de FECOLSOG entre 2016-2018 y coordinadora actual de la Línea de Salud de la Mujer y Derechos Humanos de la misma federación, “la violencia obstétrica no tiene validez, porque lo último que quiere un ginecólogo es irrespetar a la mujer”. 

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Mientras tanto, las mujeres maltratadas durante su parto son la evidencia de este tipo de violencia a través de sus historias desgarradoras. Como la de Andrea Barón, quien en 2018 tuvo a su último hijo en el hospital Méderi. La doctora que la atendió durante el trabajo de parto la trató muy bien, su verdadero calvario fue durante el parto. Andrea comenzó a sentir un dolor muy intenso, que nunca había sentido con sus dos hijos anteriores. Tuvo que pasarse sola a la camilla, pese a la extrema debilidad que la aquejaba. No podía sostener sus piernas y a las malas se las colocaron en la posición correcta. Entonces la enfermera le dijo: “usted es una mamá grosera, una mamá muy fea”. Cuando su bebé salió y ella escuchó su llanto, procedieron a suturarla. No recuerda que alguien le colocara anestesia, pero tiene claro que podía sentir cada uno de los puntos.  

La sanción de la Ley 2244 pretende que a las madres nunca más se les vulneren sus derechos en ninguna de las etapas del embarazo, trabajo de parto, parto o posparto. Aunque tarde, la legislación que las ampara llegó a través de todo un manual de procedimientos. Cualquier tipo de falta puede ser denunciada ante Superintendencia de Salud, así como no se descarta la responsabilidad de la entidad o de los médicos, quienes pueden ser sancionados a través de multas, suspensiones en su ejercicio profesional debido a incumplimientos de tipo ético y, en casos más severos, responsabilidad penal, por lo que se contempla la cárcel por malas prácticas durante la atención a una mujer gestante.  

Las líneas del Código Penal colombiano no vislumbran ni de cerca la palabra violencia obstétrica y en la actualidad no hay ningún proyecto de ley que lo contemple. Solo se espera que la Ley de parto digno, respetado y humanizado logre sancionar y prevenir este tipo de violencia, para que, como lo dice su nombre, las mujeres sean respetadas y humanizadas, incluso cuando se encuentren ante situaciones de máxima sensibilidad.  

Andrea Barón y Adriana Carvajal no se conocen, pero ambas relatan su experiencia de la dolorosa sutura sin anestesia con total similitud. La violencia obstétrica se observa así, silenciosa y normalizada. Ninguna de ellas, en el momento de la entrevista, sabía que es de obligatoriedad que el médico o la médica ponga anestesia (y que esta haga efecto) antes de ser suturadas. Ambas habían asumido que esto era parte de la naturaleza de parir.