A las 8:00 A.M. del 20 de febrero de 2020 un correo electrónico llegó a la bandeja de entrada de miles de usuarios: “Uber se reinventa por Colombia”.

Reportaje creado para Conexión Externado durante la práctica profesional en el Laboratorio de medios (2020-1), con las profesoras Mónica Parada Llanes y Claudia Patricia Bautista Arias.

Tras su salida del país, Uber regresa bajo un nuevo modelo de prestación del servicio, introduciendo nuevas responsabilidades para usuarios y colaboradores.

Brenda Benjumea, administradora de empresas con diez años de trayectoria, se prepara para iniciar su jornada laboral en el turno de 10:00 P.M. a 6:00 A.M. Su oficina no es la que solía tener en Villavicencio hace un año y medio, antes de que su compañía hiciera un recorte de personal. Brenda cambió su computador y su escritorio por un celular y el timón de su “Kia Picanto” y hoy vive de su trabajo como conductora de servicio de transporte público a través de aplicativos móviles. Alguna vez usó Uber, la primera aplicación que existió en Colombia bajo esta modalidad en la que conductores de carros particulares podían transportar a usuarios como si se tratara de un servicio de transporte público pero a menor costo, con pago por tarjeta o efectivo y controlados por un aplicativo para dispositivos móviles que marcaría la ruta y una tarifa aproximada de la carrera.

La multinacional Uber Technologies Inc. comenzó operaciones en Colombia en 2015. Su llegada al país generó controversia debido a que el modelo de prestación de servicios de transporte que trajo iba en contravía con lo dispuesto por el Ministerio de Transporte de acuerdo con el decreto 171 de 2001, en el que se establece que “el servicio público de transportes es aquel que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en esta modalidad”, y como consecuencia la actividad comercial de Uber ha sido considerada ilegal debido a que la legislación colombiana prohíbe que carros registrados como particulares presten servicios de transporte público. La empresa no tiene carros registrados a su nombre, los vehículos de los que la aplicación dispone están a nombre de sus “socios conductores”, como Uber solía denominar a quienes ponían sus carros particulares al servicio de privados, y quienes ahora han sido redefinidos como “arrendadores”.

La rivalidad de años entre algunos sectores del gremio de taxistas y la aplicación móvil terminó por llegar a manos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). La empresa Coltec S.A demandó a Uber Technologies Inc. por competencia desleal y el fallo de la SIC se dio a conocer el 20 de diciembre de 2019, este contenía la determinación de que Uber y sus filiales en Colombia debían parar sus operaciones en el país en un plazo de un mes debido a que “incurrieron en actos de competencia desleal por violación de normas y desviación de clientela (artículos 8 y 18 de la Ley 256 de 1996) al prestar irregularmente el servicio público individual de transporte”. El 31 de enero de 2020, la empresa Uber se despidió del país y desactivó el funcionamiento de la aplicación para  sus usuarios y socios conductores.

Brenda recuerda sus inicios como conductora de servicios de transportes a través de aplicativos móviles. Primero trabajó con Uber debido a que su hijo mayor le recomendó la aplicación. Eso fue hace un año y medio cuando las ofertas laborales para ella no abundaban y mucho menos le daban la flexibilidad de compartir con sus otros dos hijos menores de edad. Uber fue su fuente de empleo por un tiempo, hasta que se presentaron los inconvenientes con la empresa. “Me inmovilizaron el carro luego de recoger un servicio en el aeropuerto. Se lo llevaron a patios (inmovilización de vehículo por infracciones) y supuestamente la empresa respondería por esos gastos, pero nunca lo hizo. Con el tiempo, tras mucho insistir, simplemente me bloquearon en la aplicación”, recuerda Brenda.

Si bien Uber ha sido generador de empleo en un país donde el desempleo llegó al 9,5% en diciembre de 2019 -según cifras del DANE-, las condiciones laborales de sus cerca de ochenta mil colaboradores no son una garantía en la que ellos puedan depositar su confianza. Anteriormente, cuando los vehículos  eran inmovilizados por la Policía o  sufrían accidentes, la compañía supuestamente se  hacía responsable de costos relativos a transporte en grúa o recuperación de vehículos retenidos por infracciones impuestas por las autoridades encargadas de asuntos de movilidad; sin embargo, como explica Brenda, esto no fue ninguna garantía para su caso ya que la empresa no se responsabilizó de los costos.

Claudia Galindo, conductora de Taxi y exconductora de Uber, se vio inmersa en un caso similar  a inicios de 2017 cuando tuvo un accidente de tránsito mientras conducía su carro particular llevando a un usuario de Uber. “La empresa se lavó las manos. Me comuniqué con Uber y me respondieron que lo lamentaban pero que mi Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)  era quien debía responder”, y dice haber contado con suerte ya que el usuario aceptó declarar que eran amigos, de lo contrario ella habría tenido que pagar los más de $8 millones a los que ascendió la cuenta de gastos médicos y daños materiales por el accidente, una suma que no tenía en ese momento.

Tras el fallo de la SIC, Uber cesó operaciones durante veinte días. Tiempo en el que “se reinventó”, como la empresa misma lo expresó el 20 de febrero cuando por medio de un comunicado oficial dio a conocer su regreso a Colombia bajo un modelo de negocio distinto. Uber encontró la manera de regresar al mercado local y ajustarse, en teoría, a la legislación del país por medio de la figura de arrendamiento. La empresa se define ahora como un intermediario entre particulares que desean pactar un contrato temporal, con un conductor, por el arriendamiento de un carro para movilizarse dentro de las ciudades.

La medida fue recibida con agrado por buena parte de los usuarios, quienes entre las nuevas condiciones tienen que firmar un contrato de arrendamiento del vehículo cada vez que van a tomar un servicio por medio de la aplicación. Daniel Rivas, usuario ocasional de Uber, tomó su primer servicio desde el regreso de Uber en la tarde del sábado. “A mí me salió el contrato, lo leí por encima, y acepté”, dice Daniel mientras busca en su teléfono una copia del contrato que aceptó sin percatarse de  algunas de sus cláusulas en las que se estipula que el arrendatario (quien renta el carro) deberá reembolsar/pagar costos de grúa, liberación del vehículo, comparendos o daños actuales y contractuales siempre y cuando sean imputables a él; sin embargo, aún no se han establecidos sistemas que permitan monitorear lo que sucede al interior del vehículo durante la prestación del servicio.

“Ya sabiendo lo del artículo siento que no paga pedir Uber. El servicio se ajusta y cumple lo que promete en términos de calidad, pero ahora que sé eso, lo dudaría mucho más. Uno no sabe finalmente a quién le confía la labor de conducir un vehículo del que, por lo visto, ahora uno es responsable”, dice Daniel.

Una abogada especialista en derecho comercial de la Universidad Externado, quien por razones personales prefiere mantener su identidad anónima, explica que la ambigüedad en la que se encuentra el contrato de Uber se debe a que la compañía está mezclando un contrato de arriendo y uno de servicios en un solo documento.

Según el artículo 1997 del código civil colombiano, “el arrendatario responderá de los perjuicios; y aún tendrá derecho el arrendador para poner fin al arrendamiento, en el caso de un grave y culpable deterioro”. La abogada define como inteligente la jugada de Uber; sin embargo, “es conflictiva desde el punto de vista jurídico por los efectos y la responsabilidad de quien renta el vehículo”, explica.

“Suena crudo, pero hasta que no pase algo no sabremos cómo funciona el contrato de Uber”, comenta Rafael Gaviria, miembro de la mesa de trabajo formada por colectivos de conductores de aplicativos que se reúnen con el fin de garantizar la seguridad y los derechos de estos trabajadores. Según Gaviria, los vehículos vinculados a Uber siempre habían contado con un seguro provisto por la compañía en caso de daños propios y a terceros. Además, Uber colaboraba económicamente en caso de que los vehículos fuesen inmovilizados o retenidos en patios. Hoy, la discusión de la mesa de trabajo se centra en las nuevas condiciones de contratación establecidas por Uber tras su reciente reactivación, en las que se establece que el arrendador del vehículo “asumirá responsabilidad exclusiva por cualquier obligación o responsabilidad ante los Arrendatarios o terceras partes”.

“Uber nos dice que ellos tenían esa responsabilidad, pero ahora nosotros seremos los responsables”, dice Gaviria, quien es enfático en destacar que anteriormente el contrato de Uber con los dueños de vehículos insinuaba una participación y responsabilidad de la compañía en caso de accidente o multas. El nuevo contrato distribuido a los socios conductores, ahora entendidos como arrendadores, libra explícitamente de toda responsabilidad a la empresa.

Uber cuenta con una póliza de seguros actual y contractual que se activa durante cada servicio; no obstante, el contrato entre Uber y arrendadores de vehículo es claro al afirmar que “Nosotros (Uber), a nuestra entera discreción, podremos contratar un seguro para sus actividades de arrendamiento haciendo uso de los Servicios Uber, pero no estamos obligados a proporcionarle ninguna cobertura específica para sus propias pérdidas o las pérdidas a su vehículo, al menos que se mencione en un anexo de estos Términos. Podemos cambiar, reducir o cancelar el seguro que nosotros contratamos en cualquier momento sin su previo aviso o autorización”.

Tras el regreso de Uber al país bajo este nuevo modelo de contrato de arrendamiento, el gremio de taxistas anunció irse a paro el 16 de marzo de 2020. La polémica sobre la legalidad de la plataforma continúa y el Gobierno, representado por la Superintendencia de Transporte, se dispone a analizar la viabilidad de operación de Uber bajo el nuevo modelo.

En el centro de la polémica continúan miles de conductores como Brenda o Claudia, cuyo fin es trabajar, y quienes ya se han visto afectados por una empresa que no les respondió y que ahora deja claramente por escrito en un contrato que no lo hará.