El abandono estatal es un fenómeno que se manifiesta en las regiones más remotas del país, a través de la inoperancia o inexistencia de instituciones públicas, lo que conlleva que sus habitantes sufran necesidades a diario.

Texto realizado para la clase de Lenguaje Escrito II (segundo semestre, 2020-2), con el profesor David Mayorga. 

Un gran porcentaje de las regiones de Colombia han vivido durante años olvidadas por el Estado, es por ello que las condiciones de vida de sus habitantes son deplorables y pasan necesidades diariamente.

Un sistema de salud precario, poca o nula seguridad, irregularidades en la infraestructura, ausencia de instituciones públicas y carencia de educación, son solo algunos de los factores que se hacen presentes en muchas regiones del país, principalmente en zonas rurales.

Este es el caso de Medialuna, un corregimiento perteneciente al municipio de Pivijay, en el departamento del Magdalena. Fue fundado en 1.777 a orillas de un caño ciego, en la ciénaga Don Alonso, y desde entonces se ha ido expandiendo hacia El Retén. Hoy en día cuenta con algo más de 7.000 habitantes, que sufren y padecen en primera persona el abandono estatal. Así lo afirma Álvaro Sánchez, comunicador y vocero del pueblo, quién asegura que Medialuna vive sumida en el abandono, dice que la mano del Estado es nula y que carecen de servicios esenciales que dignifican la vida de las personas.

Cuando se habla de abandono estatal, se está haciendo referencia a la nula presencia de instituciones y servicios públicos en un territorio, lo que acarrea problemáticas muy graves para la población que allí habite, desde la ausencia de instituciones de salud y educativas, hasta carencias en los servicios más necesarios para desarrollar una vida normal. Una de las razones por las que muchas regiones que se ven afectadas por el olvido del Estado -no tienen acceso a estos servicios básicos- es la corrupción. En Medialuna, por ejemplo, los habitantes no cuentan con agua potable, y es que hace siete años el que fuera Ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, y el gobernador de turno, Luis Miguel Cotes, hicieron entrega oficial del acueducto municipal, que prometía ser el proveedor de agua potable para todo el corregimiento. Pero según asegura Sánchez, este acueducto nunca funcionó, además que la captación de agua no era potable. Por otra parte, Álvaro Sánchez señala que el Estado no les proporciona ni siquiera seguridad en materia de salud; él asegura que hace años el pueblo contaba con un centro de salud, y una ambulancia, pero que incluso hasta eso les quitaron por darle prioridad a la cabecera del municipio (Pivijay).

Como es de saberse, la realidad de Medialuna lamentablemente no es exclusiva de ese lugar, sino que se vive a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, en sectores rurales, en los municipios más vulnerables. En un estudio realizado por el portal Planipolis de la Unesco, se afirma que los indicadores confirman mayor vulnerabilidad en los sectores rurales, y que esto se debe a la desaparición de la institucionalidad estatal, y consigo a la deshabilitación de bienes y servicios públicos como la educación, el agua potable, infraestructura, salud, saneamiento básico y asistencia técnica, entre otros.

Es importante hacer énfasis en que las zonas abandonadas por el Estado comúnmente han sido reconocidas como territorios afectados por la violencia de grupos armados y los desplazamientos forzados, esto es un fenómeno de causa-efecto, como lo afirma Margarita Serje, para Cahiers des Amériques latines en el portal de humanidades y ciencias sociales. Ella asegura que en las regiones geográficamente marginalizadas el Gobierno ha estado ausente, y hace mención a la consideración que tuvo el Fondo para La Paz con Colombia, al catalogarlo como un estado fallido por dos razones: la primera que es la que nos atañe, se refiere a que no tiene control efectivo sobre el territorio; y la segunda, la pérdida del monopolio de la fuerza.

Resulta claro que un territorio que padezca de todas las dificultades que hemos mencionado anteriormente, por causa del abandono estatal, es un lugar que va registrar altos índices de pobreza, así lo reportó la ODM en un estudio realizado en 2015, en el que se manifiesta la cruda realidad de la pobreza en el territorio colombiano, categorizada por zonas; en dicho estudio se establece que la incidencia de la pobreza en zonas rurales es casi el doble que en zonas urbanas.

La realidad que vive Colombia en cuanto a la falta de institucionalidad en un sinfín de regiones del país es alarmante. Hasta 137 municipios pertenecientes al territorio nacional presentan una capacidad institucional crítica, así lo registra Dejusticia en La construcción del Estado local en Colombia, el muestreo da fe de que la mayoría de estos municipios afectados se encuentran ubicados en la periferia del país, divididos de la siguiente forma, en la región del norte: Bolívar (22 municipios), Córdoba (16), Magdalena (12), Sucre (10), Cesar (9), La Guajira (8), Antioquia (4) y Atlántico (3). En el sur, en Putumayo (8), Caquetá (5), Nariño (6) y Guaviare (1). En el oriente en Vichada (1), Casanare (2), Arauca (5), Meta (2) y Norte de Santander (4). Y en el occidente, en Cauca (9) y Chocó (9) (véase en el anexo, II mapas). Es importante resaltar que no todos los departamentos se ven afectados de igual forma: por ejemplo, mientras en Antioquia solo el 3,2% de los municipios se encuentran en una capacidad local crítica de institucionalidad (CLC), en el Putumayo el porcentaje va más allá de 61%. Así es como se aprecia el alto índice de desigualdad regional, proveniente de la falta de institucionalidad en Colombia; palabras más o palabras menos, abandono gubernamental.

Para dimensionar la gravedad del asunto, cabe resaltar que la suma de municipios en Colombia que se encuentran en un estado de CLC (capacidad local crítica) y CLB (capacidad local baja), ascienden hasta 409, esto según Dejusticia. Ahora bien, Colombia posee 1.106 municipios, lo que quiere decir que 36% de ellos cuenta con una capacidad institucional baja o crítica.

En ese orden de ideas, es correcto resaltar que casi la mitad de municipios del país, la mayoría ubicados en las periferias del territorio nacional, no cuentan con los elementos básicos por parte del Estado. Los habitantes de esos municipios carecen de instituciones estatales que velen por sus derechos. Como he venido revelando a lo largo de este reportaje, es correcto precisar que el abandono y la desprotección son mucho más marcadas en la zona rural de estos municipios, así lo asegura Dejusticia, pues tras diversos estudios realizados, se puede observar cómo en las zonas urbanas hay más compromiso y presencia del Estado.