La justicia debe ser vista desde la perspectiva de quienes por años han sido víctimas. Esto no implica necesariamente a un juez y una condena.

El fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia ha dejado grandes marcas en nuestra sociedad. Quienes lograron huir de sus territorios antes de ser asesinados aún sufren las consecuencias de este hecho multi-victimizante.

No sólo perdieron su hogar, también, probablemente abandonaron a sus familias o estas fueron asesinadas, vivieron violencia física, psicológica y en muchos casos sexual. Desde la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia se cuestiona cuál es el sentido de la justicia para quienes padecieron esto en el país.

A pesar de ser una problemática antigua y masiva, el reconocimiento de las víctimas por desplazamiento forzado es reciente y llega a ser casi paralelo a los derechos otorgados por La Constitución de 1991. Desde entonces, el movimiento de desplazados empezó a adquirir mayor importancia social, política y jurídica. Sin embargo, y aún con instituciones que buscan reparar a los afectados, son miles las víctimas que ven la justicia de manera utópica.

La justicia, no obstante, debe ser vista desde la perspectiva de quienes por años han sido víctimas. El capítulo “Justicia restaurativa, ¿la perspectiva de quienes han sufrido el desplazamiento forzado?” de la Cátedra UNESCO, derechos humanos y violencias, escrito por la investigadora de la Universidad Externado de Colombia, Bibiana Ximena Sarmiento, le apunta a discutir cuál es el concepto de justicia desde el desplazamiento y sus actores; es decir, cuestionar si la justicia es únicamente lo que como occidentales aprobamos a partir de la investigación, el juzgamiento y la sanción de los responsables.

Alejarse de esta mirada netamente judicial implica leer el conflicto y a sus víctimas a partir de una justicia que hable sobre reparación y le otorgue poder a la víctima para hallar la verdad. A esto la autora lo llama justicia restaurativa: “No abandona la mirada retributiva, pero en principio lo que quiere es que se de una justicia en términos de verdad, reparación, restitución y no repetición”, dice Sarmiento, investigadora de la facultad de Derecho en política criminal.

La perspectiva de los acuerdos de paz firmados entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC tienen esta misma percepción, por lo menos en el papel, pues en estos se plantea un país mucho más equitativo y volcado a las necesidades de los territorios, colocando a las víctimas en el centro de la discusión. Si bien no se habla exclusivamente de las víctimas de desplazamiento forzado, en Colombia más de ocho millones de personas, de los cerca de diez millones que dejó el conflicto armado, sufrieron este delito. Sin embargo, cabe decir que los avances en los acuerdos han sido limitados.

“En los 6 puntos de los acuerdos de paz y en el capítulo étnico se estipuló que las víctimas estarían en el centro, debían ser privilegiadas. Pero esto es lo que más se ha incumplido”, dice Gabriel Bustamante, Abogado de la Universidad del Cauca. Y agrega: “mientras le fallamos a las víctimas, el desplazamiento hoy en día está focalizado en el pacífico colombiano, en el norte del Cauca, entre otros lugares, en gran medida gracias a las economías ilegales”. Lo que nos deja con un panorama preocupante en el que se retoman prácticas violentas hacia las poblaciones más afectadas y se desperfila cada vez en mayor medida el tema de la reparación de víctimas.

El silencio de las víctimas

Aún se guarda silencio, aún hay miedo entre las víctimas. Hablar sobre desplazamiento forzado y otros delitos en Colombia puede implicar un riesgo para la víctima y sus familias.

Victoria Elena González, investigadora de la facultad de comunicación social y periodismo, en el marco de la Cátedra UNESCO, derechos humanos y violencia, con el capítulo “El documental animado como ruta para narrar historias de vida sobre desplazamiento forzado en Colombia y para contribuir a la restauración de la memoria de las víctimas” pretende construir una ruta hacia la restauración de la memoria de quienes sufrieron la violencia a partir de relatos sobre el desplazamiento forzado.

El documental animado permite abrir una ventana hacia las historias de manera visual a partir de los testimonios, saliéndose del espacio cerrado de los intelectuales, investigadores y algunos políticos. De cara al fenómeno del desplazamiento forzado, romper el silencio, a pesar de no ser sencillo, permite que a partir de algunos relatos exista un acercamiento a la realidad del país, que para muchos se ve como algo distante.

En ciertos territorios de Colombia, tomados por la violencia, organizaciones criminales y grupos guerrilleros como las FARC hicieron de Estado. Tenían el control total de las tierras, eran ellos quienes decidían quiénes entraban y salían de los pueblos y veredas. Por un lado, ejercían control sobre la vegetación y fuentes hídricas, lo que evitó la explotación minera y pesquera, entre otras, en ciertos lugares del país; pero por otro, decidían quienes debían huir del territorio ante las contundentes amenazas de muerte.

Luego de huir, los desplazados adquieren una condición de vulnerabilidad y estigmatización. En muchos lugares se considera que quienes salieron de sus territorios tenían que ver directamente con las guerrillas o el paramilitarismo. Se enfrentaron a una nueva vida lejos de sus hogares. Y ahora solo quieren garantías para retornar a lo que algún día fue su casa.

La restitución de tierras abrió la posibilidad, aunque con muchos obstáculos, de que quienes fueron despojados de sus tierras pudiesen recuperarlas. Sin embargo, hay una resistencia marcada en las instituciones gubernamentales gracias a ideologías políticas o a representaciones por parte de los terratenientes que se vieron beneficiados por el desplazamiento forzado. La reforma rural estructural, prometió devolver las tierras, generar garantías para la producción agraria  y acabar la violencia y desigualdades en el campo.

Lejos de casa, la historia de Jazmín Pinzón

Jazmín Pinzón abandonó el hogar donde nació en San Calisto, Norte de Santander, y ahora con 43 años y cinco hijos lucha por ayudar a quienes han tenido que pasar por situaciones similares o peores a las suya.